La universidad de los
Llanos se apresta a elegir nuevos decanos(as)
Por Gustavo Fidel Benavides
Ladino
Profesor Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación
Universidad de los Llanos
Fecha de publicación 11 de
septiembre de 2018
La Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de los Llanos en su
historia ha pasado por aceptables momentos de su quehacer, y por situaciones
aciagas, pero lo que actualmente experimenta requiere de manera urgente cambios
que reorienten su pensamiento institucional y función misional. Es necesario
orientar la facultad a la calidad institucional o a la prevalencia de las
instituciones para un mejor desempeño como organización pública (Rodrik, D.;
Subramanian, A.; 2003:1). Aaron (2000:128) reclama que “las funciones de las
instituciones son más importantes que sus formas”[1].
Al preguntarse el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) acerca de ¿qué significa calidad en la
educación superior? Y ¿cómo se determina?, seguramente recurre a la escuela
económica e histórica de las teorías institucionales y de desempeño económico
(North, 1995, 2005; Acemoglu y Robinson,
2000, 2001, 2013), ya que propone que la institución recoge históricamente lo
que quiere ser, y hace referencia al concepto de calidad como “un atributo del servicio público
de la educación en general y, en particular, al modo como ese servicio se
presta (…)”[2].
En ese orden de
ideas, la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación requiere de calidad
institucional como un atributo esencial a su pensamiento, prospectiva y función
misional. Ahora que la universidad ha convocado a elección de decanos(as) en
este artículo se recogen discusiones expuestas con profesores de la Escuela de
Humanidades, con profesores de programas de la Facultad, con estudiantes de la
Maestría en Estudios de Desarrollo Local, con profesores de los posgrados y
autoridades académico administrativas de la universidad.
En el artículo
se considera que es oportuno proponer unos aspectos que pueden contribuir a un
adecuado desempeño institucional de la Facultad.
a.
La elección de decano(a)
debe tramitarse ante la comunidad académica con urgencia de cambio institucional
soportado en una visión de desarrollo pertinente con el contexto, los recursos
que se disponen y lo posible de conseguir, sin arriesgar la naturaleza y autonomía
académica e investigativa como universidad. La visión debe dejar claro los retos
y prospectiva a corto, mediano y largo plazo que asume en conjunto la comunidad
académica para responder a los problemas urgentes, necesarios y estructurales
de la sociedad. La visión define los problemas relevantes de agenda pública que
decide la comunidad académica de la facultad en un marco de coherencia
organizacional, de manera interconectada con lo que se quiere, y con una viable
planificación y ejecución.
b.
Gestión pública integral basada
en la transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos y la
asignación de personal administrativo de apoyo a las funciones misionales de la
facultad. Para ello debe actuarse con rigurosidad mediando lo prioritario que
proponen los programas académicos y el Consejo de Facultad para decidir en
consenso sobre lo que conviene al bien público, lo que lleva a prevalecer el
interés general sobre el particular. Es prioritario abogar por la transparencia
en la designación y vinculación de perfiles, funciones, asignaciones
presupuestales y fuentes que se utilicen para afectar el gasto de los recursos
de la facultad.
c.
Recuperar la
institucionalidad de las instancias académico administrativas de debate y
decisión de la Facultad. El Decano(a) es la máxima autoridad administrativa,
pero el Consejo de Facultad es el órgano de gobierno que direcciona la Facultad.
La gobernabilidad de la Facultad requiere de consensos de los miembros del
Consejo apoyados en información en tiempo real, expedita, veraz y de libre
acceso para todos, para una toma de decisiones acertada y adecuada.
d.
Confianza y legalidad en la
administración de la Facultad a fin de fortalecer las interrelaciones de
profesores, estudiantes y personal administrativo en el ejercicio misional,
además de buscar ennoblecer la academia y la investigación, y obtener una acertada
gestión pública. No es conveniente que se imponga un estilo que presiona e
impone criterios personales y socaba cualquier intento de crear una causa común
de la facultad.
e.
Crear indicadores en el
plan de gobierno o de acción del nuevo decano(a) con el propósito de medir la
efectividad, eficacia y eficiencia de la gestión no sólo por eventos y
proyectos, o por la acelerada formulación y oferta inflacionaria de productos, programas
y servicios académicos sin los estudios y la responsabilidad que se exige. Aunque
se requiera gestionar recursos públicos a través de proyectos, ese no es el
objetivo esencial, y la Facultad no debe mutar a una unidad de contratación.
Ante todo no debe desdibujarse la esencia de la formación disciplinar. Precisamente
la planeación da cuenta de procesos de la organización ordenados y con los pies
en la tierra.
f.
Las funciones misionales
son medio y fin de la gestión pública en educación superior pública. Significa
pensar y actuar la facultad y la universidad en un contexto amplio, focal y
universalizante.
g.
En investigación aplicada
es pertinente puntualizar como objeto de estudio el territorio, o mejor los
territorios, en un diálogo de los saberes y los conocimientos disciplinares.
h.
Se requiere ordenar y
planificar el funcionamiento del Centro de Idiomas de la universidad a cargo de
la Facultad. La demanda de estudiantes lleva a plantear un Centro más
organizado con una planeación adecuada y en responsabilidades compartidas con
la administración de la universidad. La boyante capacidad financiera del Centro
no debe hacer perder la cabeza. Las cuentas financieras y administrativas
reales del Centro, pese a que se han pedido informe de ellas, aún no se rinden e el Consejo de Facultad. Además,
no se debe desconocer que existe un Comité de Centro de Idiomas como instancia
para la toma de decisiones, que se debe convocar y dejar operar.
i.
Hay que insistir en el
respeto y acierto de los perfiles docentes en las unidades y programas
académicos, como es el caso de la Maestría en Estudios de Desarrollo Local.
Este programa cuenta apenas con dos años
y medio de operación y un solo profesor de tiempo completo con perfil en estudios
de desarrollo local. Un informe reciente de la dirección del programa ante el
Consejo de Facultad evidencia los perfiles profesionales de los maestrantes,
sus otros estudios de posgrado, su ocupación laboral y desempeño profesional,
los perfiles de los proyectos de investigación y tesis de grado que han
escogido los estudiantes, y la necesidad que se vinculen profesores formados y
con amplia experiencia en los campos del desarrollo local y territorial. No se
puede improvisar en un campo de formación tan competido y con exigencias que
hace el contexto. Precisamente la calidad de los profesores catedráticos de la
maestría es el atractivo de la misma. La maestría no es un programa que debe
dar empleo obligado a profesores que no tienen el perfil ni la formación
indicada, ni un fortín para conseguir puntajes. No todo sirve para todo y los
maestrantes están atentos al futuro de su programa. Los próximos profesores de la
maestría serían sus egresados y se dejaría una generación de expertos en
desarrollo en las líneas de profundización del programa y un grupo de
investigación en germen. Al final de este semestre e inicio del siguiente se
conocerán los aportes investigativos de los maestrantes a la universidad y la
región.
j.
Conseguir renovar el
Registro Calificado de la Maestría en Estudios de Desarrollo Local. Al no
contar con Grupo de Autoevaluación del Programa (GAP) el programa está en riesgo
de renovar su continuidad al no contar con más profesores de tiempo completo y
con urgencia de un profesional de apoyo a la autoevaluación. El programa es
autosostenible, con recursos propios suficientes para lo que requiere, aporta rentabilidad
y recursos a la universidad, y mantiene una amplia demanda de estudiantes. Sin
embargo, no se le debe seguir obstaculizando por la administración la
designación inmediata de un profesional de apoyo a la autoevaluación máxime
cuando la universidad aspira a la acreditación institucional.
k.
Constituir lineamientos
consensuados de la Universidad Pública Regional[3].
l.
A la vez que se hacen
propuestas gubernamentales y legislativas de reformas de política pública en el
país, las ciencias humanas y sociales pueden aportar ideas, apuestas y
proyectos de investigación orientados a una nueva región y territorialidad. No
es conveniente seguir esperando el alunizaje y los dictados ordenados por las
políticas centralistas, más bien, es posible adelantarse en propuestas que
escalen de la universidad pública regional al centro del país.
m.
Aportar a la implementación
del acuerdo de paz, no sólo en lo operativo y el activismo de eventos, sino proponer
y fijar posturas que generen pensamiento e inteligencia regional[4].
La universidad se ha estacionado en conseguir recursos por la vía de proyectos
y ha dejado de lado aspectos que han quedado por fuera del acuerdo de paz[5],
y más aún, prospectar lo que se avecina con el nuevo gobierno del presidente
Iván Duque[6].
Hay otros
aportes que bien valen la pena debatir en plenarias de docentes y estudiantes
con objeto de construir una agenda y plan de gobierno con acciones puntuales,
que encamine la facultad a un mejor desempeño institucional y mejor
futuro.
Bibliografía
Chang, H.J. (2006) La relación entre
las instituciones y el desarrollo económico. Problemas teóricos claves. Revista
de Economía Institucional Vo, 8 No. 14, Primer Semestre 2006
Rodrik, D.; Subramanian, A. (2003) La primacía de las instituciones (y lo
que implica). Finanzas & Desarrollo junio de 2003
[1] En el texto de Chang, H.J.
(2006:127) la relación entre las instituciones y el desarrollo económico, problemas teóricos claves, Aaron (2000)
expone las medidas de desempeño o de calidad de las instituciones.
[3] El autor expone en
el artículo titulado “Pedagogía de la Paz Urgente, Pertinente y Necesaria”
publicado el 17 de febrero de 2017 que “le corresponde a las universidades
regionales formar, generar información relevante y hacer propuestas para que
los actores y organizaciones locales públicas y privadas que toman decisiones,
generen pesos, contrapesos, y equilibrios ante la unidireccionalidad
gubernamental centrista que diseña e impone a las regiones lo que para sí
considera es la implementación. Desde el gobierno nacional se imparten
directrices para que se apliquen en lo local, desconociendo el saber y
conocimiento del territorio, incluso, algunas oficinas se saltan la autonomía y
jurisdicción de los gobiernos locales. Se corre el riesgo de trastocar y sesgar
en la implementación lo acordado.” Ver el artículo en www.unillanos.edu.co en el enlace Maestría en Estudios de
Desarrollo Local,
[4] Al respecto el
autor propone en el artículo titulado “UNILLANOS y la formación
interdisciplinar y multidimensional para la implementación del Acuerdo de Paz
en los Territorios de la Orinoquia Colombiana” de enero 23 de 2017, que
“UNILLANOS contribuya al revestimiento sociocultural y científico del Acuerdo,
con el fin de evitar su agrietamiento y deslucidez de sus metas. La Universidad
puede asumir el compromiso de aportar su estructura de conocimiento a la
implementación del proceso de paz en varios aspectos: a. En la pertinencia
formativa interdisciplinar y multidimensional, b. En respuestas de investigación
académica relativas al contexto territorial, c. En la adecuada visión de
desarrollo y planificación estratégica territorial y de gestión, d. En la
arquitectura administrativa, e. En la internacionalización del conocimiento y
sus resultados, y e. En la proyección social de la implementación de la paz en
las comunidades locales.” Ver documento en www.unillanos.edu.co en el enlace Maestría en Estudios de
Desarrollo Local,
[5] El autor en el artículo titulado “Aportes
conceptuales para la construcción de una Visión Común de Futuro en Paz en el
Departamento del Meta” publicado el 27 de julio de 2016, considera que la
agenda de la implementación del acuerdo de paz, desde sus inicios, elaboró un
eje principal “en respuesta a la política nacional de coyuntura y emergencia de
la paz territorial”. Sin embargo hay otro eje a posicionar en las regiones que
apunte a dar respuesta a lo estructural de los problemas y aquellos que
permanecen por décadas en el departamento […] El segundo eje de la agenda de
desarrollo territorial que se propone para el departamento, tiene que ver con
la priorización de problemas coyunturales y estructurales, producto de los
vacíos de política pública y del equivocado accionar de los gobiernos. Este eje
se ocupa en responder a los problemas que hacen relevantes los actores locales
y, por tanto, evita que el departamento caiga completamente en la
monotemización de la paz. Al identificarse aspectos críticos en lo local, se
evita la trayectoria del monocultivo ideológico y programático gubernamental
que sesga y excluye.” El documento se puede consultar en www.unillanos.edu.co en el enlace Maestría en Estudios de
Desarrollo Local.
[6] El autor en el artículo titulado “Cambios y
ajustes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” publicado el 21
de agosto de 2018, expone que a dos años de inicio de la implementación del
acuerdo de paz en Colombia el nuevo gobierno de Colombia anuncia revisar
agencias gubernamentales, programas, metodologías, planes de acción, y
proyectos en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En prospectiva el autor propone unos elementos que incidirían en las
modificaciones a los PDET a partir del análisis de las coordenadas ideológicas
y programáticas del nuevo gobierno, y sus posibles incidencias. El artículo se
puede consultar en el Blog de la Escuela de Humanidades y en el Grupo de
Estudio da Vinci.
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