martes, 30 de octubre de 2018

¿Qué tan efectivas son las protestas estudiantiles?


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Por: Otto Gerardo Salazar Pérez
        Docente Escuela de Humanidades, Facultad de Ciencias Humanas y Educación
        Coordinador del Grupo de Estudio Da Vinci

(Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la Escuela de Humanidades, ni a la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, ni al Grupo de Estudio Da Vinci. Son  opiniones responsabilidad exclusiva de quien firma el artículo).

¿Qué tan efectivas son las protestas estudiantiles? Son muy importantes y bastante efectivas. El maestro Julián de Zubiría acaba de reconocerlo en un artículo recién publicado en Semana. Son muy importantes y los estudiantes, la masa en sí, merecen para el maestro y la mayoría de colombianos nuestro reconocimiento. Les dedica parte de la letra que hizo famosa Mercedes Sosa: ¡Qué vivan los estudiantes!

Sin embargo, las marchas y protestas estudiantiles tienen su limite en un nivel de logro. No son un escenario de partido organizado con una plataforma programática establecida que estudie y proponga al gobierno políticas educativas públicas con carácter permanente. Aun si lo fueran, tendrían el sesgo necesario de su matiz ideológico como partido, lo que le restaría condiciones para ser pensada como una política de Estado, más allá de sus objetivos de poder que perseguiría como partido, o el interés solapado en ejercicios de gobierno. Son explosiones justas de inconformidad y protesta.

Una desfinanciación crónica y un índice acumulado de falta de recursos tiene todo el mérito para una protesta al nivel de las movilizaciones que se han dado en el país en el último mes. Deberían nacer en el seno de las organizaciones profesorales o los movimientos sindicales de maestros incluso, que son el estamento permanente de las instituciones educativas y quienes afrontan año tras año las políticas educativas lesivas del Estado en relación a la educación pública. Hace 50 años la proporción de universidades públicas superaba en mucho a las privadas. Hoy esa proporción esta totalmente invertida con mayoría de universidades privadas y funciona para el desangre de la educación pública superior con programas como “Ser pilo paga”, maquillado recién con el nombre de “Generación E”.  

Es preciso reconocer el valor de la estudiante Jennifer Pedraza frente a la rudeza bruta de un Macías, un presidente del senado con baja escolaridad y que sin embargo, es cabeza del ente legislativo en Colombia. Ambos representan poderes desiguales, injustos, pero ese es el escenario estratégico donde se puede dar la lucha.

¿Dónde y desde cuándo el interés de la élite mezquina que gobierna este país está a favor de la formación de los estratos socioeconómicos bajos? ¿Cuándo se les ha visto favorecer la educación pública? ¿La protesta indefinida, radicalizada, puede dar frutos en nuestro país como los ha dado en Chile, donde se han obtenido logros significativos como la gratuidad en educación con calidad en todos los niveles?

Desafortunadamente, no son los mismos países, ni la misma clase dirigente ni la misma cultura en las organizaciones de base para presionar y negociar con el gobierno sus justas reclamaciones. El escenario oportuno de una negociación con las Farc y los acuerdos de paz en el gobierno anterior por dos periodos del presidente Santos que luchó denodadamente por ingresar a la OCDE, pudieron hacer más viable las peticiones que se hacen ahora, frente a un gobierno de extrema derecha, elegido por 10.400.000 colombianos, reactivos al odio y miedo de las Farc.

¿Les preocupa las afectaciones de la calidad, la pérdida de un semestre para los estudiantes de las universidades públicas -algo que empalma con sus intenciones en detrimento de la educación superior de los más pobres-?.

La promesa que hizo el gobierno con los rectores de las universidades públicas de un aumento de mas 3 puntos y el IPC en el 2019, y de más 4 puntos y el IPC durante los siguientes tres años no se le puede restar el mérito. Ni siquiera el gobierno de Santos, que desfinanció la educación pública superior del país y mandó al cuarto de los chécheres a Colciencias, firmó una promesa de esas. Que se negó el acceso a los lideres estudiantiles y no se tuvieron en cuenta sus todas peticiones es cierto, pero el acuerdo representa por primera vez un destrabe de una desfinanciación que estaba atascada hace varios gobiernos.  

El cierre de universidades, la toma de las instalaciones públicas por parte de estudiantes negando el ingreso a profesores, administrativos y directivos de las universidades es otro sinsentido. Quiebra la solidaridad y el apoyo necesario de docentes y administrativos al movimiento estudiantil y es factor activador de la deserción estudiantil. Varios de ellos, estudiantes, que se desentienden de las luchas de los mismos estudiantes.

La propuestas de asambleas escalonadas, la urgente necesidad de salvar el semestre y atender otros asuntos apremiantes de las universidades en materia de investigación, proyección y el cumplimiento de obligaciones con terceros lesiona aún mas las mismas instituciones de educación superior, victimizadas por los mismos que pregonan su defensa.

Derrida suponía que es precisamente en las universidades donde no deben existir temas vedados. Y vale la pena suponer y pensar sobre las limitaciones de las movilizaciones estudiantiles ante el gobierno. El tema de la  desfinanciación de la educación superior pública en Colombia fue ampliamente ventilado, el congreso se comprometió a revisar la Ley 30 de educación superior y el estudiantado logró el reconocimiento y respeto del pueblo colombiano.

Son logros que no pueden perderse en post de una radicalización que nos embargaría a todos de amargura y frustración, mientras la misma clase dirigente que nos ha puesto en esta situación, estarían gratificados y satisfechos con un conflicto desgastante para ellos pero alineados con sus objetivos de negar educación pública de calidad para los sectores populares del país. No podemos y ni debemos quedar atrapados como ratas en un laberinto donde el recrudecimiento de una lucha nos lleve uno a otros a estrellarnos con paredes  con hocicos ensangrentados.

Es mi opinión. Y puedo estar equivocado. Pero también la de quienes se empecinan y radicalizan, más allá de una justa lectura del entorno donde se da el enfrentamiento.

He padecido por unos 27 años paros en universidades. A razón de 2 o 3 paros por año.  Y padecí un cierre indefinido hasta por un año. Como también he visto la afectación a la calidad de la educación superior, estudiantes que se van desmoralizados, la pérdida de fe en la educación pública de las familias. No he visto en cambio ningún gobierno colombiano avergonzado ante la comunidad internacional por tal hecho. Es otra forma de cumplir los objetivos de una agenda oculta que funciona.

Los logros de los movimientos estudiantiles no son imposibles pero tiene limitaciones. La existencia de grupos de estudio languidecen a veces por falta de presencia estudiantil. En un futuro, si sus proyecciones profesionales y académicas se cumplen, es de esperarse que nutran con masa crítica los movimientos de base, en lugar de asumir roles de la política tradicional. Que ejemplos hay varios. Muchas de las peticiones de los estudiantes pueden ser logradas; pero hay que escoger una estrategia inteligente donde sea necesario a veces, ceder y otras, radicalizar las posiciones.






martes, 11 de septiembre de 2018

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación hacia la mejora del desempeño institucional


La universidad de los Llanos se apresta a elegir nuevos decanos(as)




Por Gustavo Fidel Benavides Ladino
Profesor Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Universidad de los Llanos
Fecha de publicación 11 de septiembre de 2018

La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de los Llanos en su historia ha pasado por aceptables momentos de su quehacer, y por situaciones aciagas, pero lo que actualmente experimenta requiere de manera urgente cambios que reorienten su pensamiento institucional y función misional. Es necesario orientar la facultad a la calidad institucional o a la prevalencia de las instituciones para un mejor desempeño como organización pública (Rodrik, D.; Subramanian, A.; 2003:1). Aaron (2000:128) reclama que “las funciones de las instituciones son más importantes que sus formas”[1].
Al preguntarse el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) acerca de ¿qué significa calidad en la educación superior? Y ¿cómo se determina?, seguramente recurre a la escuela económica e histórica de las teorías institucionales y de desempeño económico (North, 1995, 2005;  Acemoglu y Robinson, 2000, 2001, 2013), ya que propone que la institución recoge históricamente lo que quiere ser, y hace referencia al concepto de calidad como “un atributo del servicio público de la educación en general y, en particular, al modo como ese servicio se presta (…)”[2].
En ese orden de ideas, la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación requiere de calidad institucional como un atributo esencial a su pensamiento, prospectiva y función misional. Ahora que la universidad ha convocado a elección de decanos(as) en este artículo se recogen discusiones expuestas con profesores de la Escuela de Humanidades, con profesores de programas de la Facultad, con estudiantes de la Maestría en Estudios de Desarrollo Local, con profesores de los posgrados y autoridades académico administrativas de la universidad.
En el artículo se considera que es oportuno proponer unos aspectos que pueden contribuir a un adecuado desempeño institucional de la Facultad.
a.           La elección de decano(a) debe tramitarse ante la comunidad académica con urgencia de cambio institucional soportado en una visión de desarrollo pertinente con el contexto, los recursos que se disponen y lo posible de conseguir, sin arriesgar la naturaleza y autonomía académica e investigativa como universidad. La visión debe dejar claro los retos y prospectiva a corto, mediano y largo plazo que asume en conjunto la comunidad académica para responder a los problemas urgentes, necesarios y estructurales de la sociedad. La visión define los problemas relevantes de agenda pública que decide la comunidad académica de la facultad en un marco de coherencia organizacional, de manera interconectada con lo que se quiere, y con una viable planificación y ejecución.

b.           Gestión pública integral basada en la transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos y la asignación de personal administrativo de apoyo a las funciones misionales de la facultad. Para ello debe actuarse con rigurosidad mediando lo prioritario que proponen los programas académicos y el Consejo de Facultad para decidir en consenso sobre lo que conviene al bien público, lo que lleva a prevalecer el interés general sobre el particular. Es prioritario abogar por la transparencia en la designación y vinculación de perfiles, funciones, asignaciones presupuestales y fuentes que se utilicen para afectar el gasto de los recursos de la facultad.

c.            Recuperar la institucionalidad de las instancias académico administrativas de debate y decisión de la Facultad. El Decano(a) es la máxima autoridad administrativa, pero el Consejo de Facultad es el órgano de gobierno que direcciona la Facultad. La gobernabilidad de la Facultad requiere de consensos de los miembros del Consejo apoyados en información en tiempo real, expedita, veraz y de libre acceso para todos, para una toma de decisiones acertada y adecuada.

d.           Confianza y legalidad en la administración de la Facultad a fin de fortalecer las interrelaciones de profesores, estudiantes y personal administrativo en el ejercicio misional, además de buscar ennoblecer la academia y la investigación, y obtener una acertada gestión pública. No es conveniente que se imponga un estilo que presiona e impone criterios personales y socaba cualquier intento de crear una causa común de la facultad.

e.           Crear indicadores en el plan de gobierno o de acción del nuevo decano(a) con el propósito de medir la efectividad, eficacia y eficiencia de la gestión no sólo por eventos y proyectos, o por la acelerada formulación y oferta inflacionaria de productos, programas y servicios académicos sin los estudios y la responsabilidad que se exige. Aunque se requiera gestionar recursos públicos a través de proyectos, ese no es el objetivo esencial, y la Facultad no debe mutar a una unidad de contratación. Ante todo no debe desdibujarse la esencia de la formación disciplinar. Precisamente la planeación da cuenta de procesos de la organización ordenados y con los pies en la tierra.

f.             Las funciones misionales son medio y fin de la gestión pública en educación superior pública. Significa pensar y actuar la facultad y la universidad en un contexto amplio, focal y universalizante.

g.           En investigación aplicada es pertinente puntualizar como objeto de estudio el territorio, o mejor los territorios, en un diálogo de los saberes y los conocimientos disciplinares.

h.           Se requiere ordenar y planificar el funcionamiento del Centro de Idiomas de la universidad a cargo de la Facultad. La demanda de estudiantes lleva a plantear un Centro más organizado con una planeación adecuada y en responsabilidades compartidas con la administración de la universidad. La boyante capacidad financiera del Centro no debe hacer perder la cabeza. Las cuentas financieras y administrativas reales del Centro, pese a que se han pedido informe de ellas,  aún no se rinden e el Consejo de Facultad. Además, no se debe desconocer que existe un Comité de Centro de Idiomas como instancia para la toma de decisiones, que se debe convocar y dejar operar.

i.              Hay que insistir en el respeto y acierto de los perfiles docentes en las unidades y programas académicos, como es el caso de la Maestría en Estudios de Desarrollo Local. Este programa  cuenta apenas con dos años y medio de operación y un solo profesor de tiempo completo con perfil en estudios de desarrollo local. Un informe reciente de la dirección del programa ante el Consejo de Facultad evidencia los perfiles profesionales de los maestrantes, sus otros estudios de posgrado, su ocupación laboral y desempeño profesional, los perfiles de los proyectos de investigación y tesis de grado que han escogido los estudiantes, y la necesidad que se vinculen profesores formados y con amplia experiencia en los campos del desarrollo local y territorial. No se puede improvisar en un campo de formación tan competido y con exigencias que hace el contexto. Precisamente la calidad de los profesores catedráticos de la maestría es el atractivo de la misma. La maestría no es un programa que debe dar empleo obligado a profesores que no tienen el perfil ni la formación indicada, ni un fortín para conseguir puntajes. No todo sirve para todo y los maestrantes están atentos al futuro de su programa. Los próximos profesores de la maestría serían sus egresados y se dejaría una generación de expertos en desarrollo en las líneas de profundización del programa y un grupo de investigación en germen. Al final de este semestre e inicio del siguiente se conocerán los aportes investigativos de los maestrantes a la universidad y la región.

j.              Conseguir renovar el Registro Calificado de la Maestría en Estudios de Desarrollo Local. Al no contar con Grupo de Autoevaluación del Programa (GAP) el programa está en riesgo de renovar su continuidad al no contar con más profesores de tiempo completo y con urgencia de un profesional de apoyo a la autoevaluación. El programa es autosostenible, con recursos propios suficientes para lo que requiere, aporta rentabilidad y recursos a la universidad, y mantiene una amplia demanda de estudiantes. Sin embargo, no se le debe seguir obstaculizando por la administración la designación inmediata de un profesional de apoyo a la autoevaluación máxime cuando la universidad aspira a la acreditación institucional.

k.           Constituir lineamientos consensuados de la Universidad Pública Regional[3].

l.              A la vez que se hacen propuestas gubernamentales y legislativas de reformas de política pública en el país, las ciencias humanas y sociales pueden aportar ideas, apuestas y proyectos de investigación orientados a una nueva región y territorialidad. No es conveniente seguir esperando el alunizaje y los dictados ordenados por las políticas centralistas, más bien, es posible adelantarse en propuestas que escalen de la universidad pública regional al centro del país.

m.        Aportar a la implementación del acuerdo de paz, no sólo en lo operativo y el activismo de eventos, sino proponer y fijar posturas que generen pensamiento e inteligencia regional[4]. La universidad se ha estacionado en conseguir recursos por la vía de proyectos y ha dejado de lado aspectos que han quedado por fuera del acuerdo de paz[5], y más aún, prospectar lo que se avecina con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque[6].
Hay otros aportes que bien valen la pena debatir en plenarias de docentes y estudiantes con objeto de construir una agenda y plan de gobierno con acciones puntuales, que encamine la facultad a un mejor desempeño institucional y mejor futuro.  

Bibliografía
Chang, H.J. (2006) La relación entre las instituciones y el desarrollo económico. Problemas teóricos claves. Revista de Economía Institucional Vo, 8 No. 14, Primer Semestre 2006 
Rodrik, D.; Subramanian, A.  (2003) La primacía de las instituciones (y lo que implica). Finanzas & Desarrollo junio de 2003


[1] En el texto de Chang, H.J. (2006:127) la relación entre las instituciones y el desarrollo económico,  problemas teóricos claves, Aaron (2000) expone las medidas de desempeño o de calidad de las instituciones.
[2] Al respecto consultar la página del CNA https://www.cna.gov.co/1741/article-187264.html
[3] El autor expone en el artículo titulado “Pedagogía de la Paz Urgente, Pertinente y Necesaria” publicado el 17 de febrero de 2017 que “le corresponde a las universidades regionales formar, generar información relevante y hacer propuestas para que los actores y organizaciones locales públicas y privadas que toman decisiones, generen pesos, contrapesos, y equilibrios ante la unidireccionalidad gubernamental centrista que diseña e impone a las regiones lo que para sí considera es la implementación. Desde el gobierno nacional se imparten directrices para que se apliquen en lo local, desconociendo el saber y conocimiento del territorio, incluso, algunas oficinas se saltan la autonomía y jurisdicción de los gobiernos locales. Se corre el riesgo de trastocar y sesgar en la implementación lo acordado.” Ver el artículo en www.unillanos.edu.co en el enlace Maestría en Estudios de Desarrollo Local,
[4] Al respecto el autor propone en el artículo titulado “UNILLANOS y la formación interdisciplinar y multidimensional para la implementación del Acuerdo de Paz en los Territorios de la Orinoquia Colombiana” de enero 23 de 2017, que “UNILLANOS contribuya al revestimiento sociocultural y científico del Acuerdo, con el fin de evitar su agrietamiento y deslucidez de sus metas. La Universidad puede asumir el compromiso de aportar su estructura de conocimiento a la implementación del proceso de paz en varios aspectos: a. En la pertinencia formativa interdisciplinar y multidimensional, b. En respuestas de investigación académica relativas al contexto territorial, c. En la adecuada visión de desarrollo y planificación estratégica territorial y de gestión, d. En la arquitectura administrativa, e. En la internacionalización del conocimiento y sus resultados, y e. En la proyección social de la implementación de la paz en las comunidades locales.” Ver documento en www.unillanos.edu.co en el enlace Maestría en Estudios de Desarrollo Local,
[5] El autor en el artículo titulado “Aportes conceptuales para la construcción de una Visión Común de Futuro en Paz en el Departamento del Meta” publicado el 27 de julio de 2016, considera que la agenda de la implementación del acuerdo de paz, desde sus inicios, elaboró un eje principal “en respuesta a la política nacional de coyuntura y emergencia de la paz territorial”. Sin embargo hay otro eje a posicionar en las regiones que apunte a dar respuesta a lo estructural de los problemas y aquellos que permanecen por décadas en el departamento […] El segundo eje de la agenda de desarrollo territorial que se propone para el departamento, tiene que ver con la priorización de problemas coyunturales y estructurales, producto de los vacíos de política pública y del equivocado accionar de los gobiernos. Este eje se ocupa en responder a los problemas que hacen relevantes los actores locales y, por tanto, evita que el departamento caiga completamente en la monotemización de la paz. Al identificarse aspectos críticos en lo local, se evita la trayectoria del monocultivo ideológico y programático gubernamental que sesga y excluye.” El documento se puede consultar en www.unillanos.edu.co en el enlace Maestría en Estudios de Desarrollo Local.
[6] El autor en el artículo titulado “Cambios y ajustes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” publicado el 21 de agosto de 2018, expone que a dos años de inicio de la implementación del acuerdo de paz en Colombia el nuevo gobierno de Colombia anuncia revisar agencias gubernamentales, programas, metodologías, planes de acción, y proyectos en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En prospectiva el autor propone unos elementos que incidirían en las modificaciones a los PDET a partir del análisis de las coordenadas ideológicas y programáticas del nuevo gobierno, y sus posibles incidencias. El artículo se puede consultar en el Blog de la Escuela de Humanidades y en el Grupo de Estudio da Vinci.